¿Es cancerígeno el glifosato?

No es ninguna novedad que las pruebas científicas no permitan distinguir de forma clara si existe riesgo de cáncer humano.

Ciencia y tecnología
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La controversia sobre su seguridad va más allá de las cuestiones científicas.

KOGEVINAS, MANOLIS* (*Es responsable del programa sobre cáncer en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Ha trabajado en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la OMS, y ha participado en diversos comités de expertos internacionales para evaluar la toxicidad de varias sustancias).

El pasado noviembre, la Unión Europea renovó la licencia del glifosato por otros cinco años. Ello ha generado protestas y ha reavivado el debate acerca de la seguridad del producto. Se trata de un herbicida de amplio espectro y es el plaguicida más utilizado (en 2014 se aplicaron unos 825 millones de kilogramos en todo el mundo). Comercializado por Monsanto con el nombre de Roundup, su uso ha aumentado en los últimos años, sobre todo desde que la empresa desarrolló cultivos genéticamente modificados resistentes al producto. El glifosato se emplea principalmente en la agricultura, pero también en aplicaciones forestales, urbanas y domésticas. Se ha detectado en el ambiente y en los alimentos, aunque la exposición de la población general es muy baja.

En 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS clasificó el glifosato como «probable carcinógeno» humano (grupo 2A). La clasificación se basó en las pruebas disponibles sobre su efecto en humanos y animales. Estas apuntaban a un aumento del riesgo de linfomas no hodgkinianos en los trabajadores agrícolas, lo que se confirmaba en animales y en estudios experimentales. La categoría de «probable carcinógeno» se usa cuando existen pruebas que no permiten descartar un riesgo pero que tampoco son contundentes.

La evaluación de la IARC del 2015 desató una controversia sin precedentes en la industria y algunos organismos reguladores, como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Se argumentó que las pruebas sobre la carcinogenicidad del glifosato no eran lo bastante sólidas, como sí lo eran las relativas al tabaquismo o las dioxinas. Monsanto inició un ataque contra la IARC y varios científicos independientes que participaron en la evaluación, lo que ha dado lugar a pleitos en los que también han intervenido Gobiernos y organismos reguladores de varios países.

No es ninguna novedad que las pruebas científicas no permitan distinguir de forma clara si existe riesgo de cáncer humano. Los investigadores estamos acostumbrados a convivir con esa incertidumbre e intentamos confirmar o descartar el riesgo mediante nuevos estudios. La ausencia de pruebas contundentes motivó precisamente la clasificación del glifosato como «carcinógeno probable», y no la de «carcinógeno comprobado». Sin embargo, la industria y otros organismos reguladores critican a la IARC que las pruebas sobre el efecto negativo del glifosato son débiles y que este debería haberse clasificado en una categoría inferior, la de «posible cancerígeno» (grupo 2B). La diferencia no es menor, porque las sustancias de ese grupo normalmente no llegan a sufrir regulaciones estrictas por parte de la UE.

Un nuevo y potente estudio de EE.UU. realizado con más de 50.000 trabajadores agrícolas parece apoyar la evaluación de la IARC tras haber identificado un mayor riesgo de un tipo de leucemia (leucemia mieloide aguda). Sin embargo, este cáncer resulta infrecuente en la población, por lo que si existe un riesgo de que el glifosato lo provoque, este será menor y afectará a pocas personas, principalmente a las muy expuestas.

Cuando un producto se clasifica como carcinógeno, la industria suele reaccionar con preocupación e intenta hallar soluciones, aunque a veces también niega los datos. Pero la agresiva respuesta de Monsanto no tenía antecedentes. La IARC, que durante décadas ha llevado a cabo un valioso trabajo en la identificación de cancerígenos y en la prevención del cáncer, ha sido criticada por la industria en varias ocasiones. No obstante, el ataque a causa del glifosato, que también respaldan Gobiernos y algunos medios de comunicación, resulta extraordinario. Investigadores estadounidenses que participaron en la evaluación de la IARC han tenido que proporcionar a la justicia toda la información que tenían (documentos, correos electrónicos) relacionados con el glifosato. La mayoría conservadora del Congreso de EE.UU. está cuestionando la financiación de la IARC por parte de los Institutos Nacionales de la Salud. Al mismo tiempo, los comités de evaluación de otras instituciones que llegaron a conclusiones distintas a las de la IARC han sido criticados por investigadores y organizaciones civiles por la involucración de científicos financiados precisamente por Monsanto.

Se trata de una situación inusual. He participado en calidad de experto en varios comités de la OMS y de otros organismos de Europa y EE.UU. en los que he evaluado pruebas científicas, y se me hace muy difícil trabajar de esta manera. Estoy convencido de que tenemos que promocionar la transparencia de las evaluaciones. Eso sí, sin presiones. Mi preocupación como científico es examinar los datos e intentar prevenir la enfermedad. Las consideraciones económicas son evidentemente importantes, pero pertenecen a otra discusión, no a la científica. Al final, la sociedad y sus instituciones son las que deben decidir si el uso de glifosato se tiene que limitar o no, una decisión que no atañe solo a los científicos.

(Este Artículo fue publicado originalmente en la Revista “Investigación y Ciencia”. Marzo 2018. Nº 498).

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