El desplazado que injustamente mató el Ejército

La muerte de José Gregorio Cárcamos Vargas, ocurrió el 18 de noviembre de 2006 en la vereda El Playón de San Agustín.

Justicia
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Los militares le pusieron un pasamontaña, una peluca y lo hicieron pasar por extorsionista. Huyó de Planadas por la violencia, y en San Agustín fue vilmente ejecutado. La condena al Estado supera los $400 millones.

La tragedia de José Gregorio Cárcamos Vargas comenzó mucho antes de su muerte. El 18 de febrero de 2006 fue desplazado junto a su familia de Planadas (Tolima), a un ‘kiosko’ del barrio Primero de Mayo de Pitalito (Huila).

La violencia no se quedó con lo suyo. Nueve meses después, el 18 de noviembre, un extraño hombre se acercó a su ‘vivienda’ y le ofreció trabajo, “y pidiéndole que lo acompañara para ‘presentarle al patrón’, a lo cual accedió”, relatan sus familiares.

Nadie volvió a saber de su paradero, hasta el día siguiente cuando apareció muerto en el municipio vecino de San Agustín, en la vereda El Playón. Lo reportaron como muerto en combate.

Relatan en la demanda sus familiares que el hombre tenía 36 años de edad cuando fue ejecutado. Que no tenía antecedentes ni portaba ninguna arma de fuego. “Pero sus victimarios le pusieron una peluca, un pasamontañas y un revólver haciéndolo pasar por extorsionista”.

Al momento de su muerte dejó huérfano a su pequeño hijo, José Ricardo Cárcamo, hijo de la relación con Yonaira Murcia. Además, respondía por dos hijos que tenía su compañera.

Supuestamente por la ‘extorsión’ que cometió Cárcamo el Ejército pagó una recompensa por dar con el paradero del presunto victimario, “sin que en el reporte del pago aparezca la firma del presunto colaborador pues fue rubricado por solo por el personal militar como lo advirtiera la Fiscalía 76 Especializada de Derechos Humanos, quien asumió el conocimiento de la investigación penal por existir indicios y pruebas que contradecían la versión de los uniformados”.

En este caso específico la Fiscalía pudo determinar que “los tres disparos recibidos por el fallecido fueron por la espalda y por el costado izquierdo, también el informe de absorción atómica resultó incompatible con residuos de disparos, concluyendo que la víctima era reciclador y se descartó el combate alegado por los militares”.

En este sentido, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva dictó sentencia el 18 de agosto de 2018, desconociendo la responsabilidad del Ejército y reconociendo que fue en la operación ‘Navaja’ por personal adscrito al Batallón Magdalena.

Condena y responsabilidad del Estado

Lo primero que hizo el Tribunal Administrativo del Huila fue revocar la decisión del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva, y luego sí declaró la responsabilidad ‘agravada’ de la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, “por las violaciones graves a los derechos humanos que significó el homicidio del señor José Gregorio Cárcamo Vargas”

Más adelante enfatiza que por esta razón los señalados con responsables “administrativa y patrimonialmente por los daños antijurídicos sufridos por los demandantes con ocasión de la muerte” del señor Cárcamo Vargas.

En concordancia con esto, se condenó al Ejército y Ministerio de Defensa a que le paguen a la señora Yonaira Murcia la suma de 100 salarios mínimos por el perjuicio moral; y $169 millones por lucro cesante. Mientras que a su hijo José Ricardo Cárcamo Murcia le impuso una reparación de 100 salario mínimos por daños morales y $105 millones por lucro cesante. Es decir, $439 millones en totalidad.

Las medidas de reparación integral

Esta sentencia, que es poco usual en el Tribunal Administrativo del Huila, sorprende por su alcance, en el sentido en que amparado en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), da aplicación a las medidas de reparación integral.

A garantía de no repetición, el tribunal ordenó: “Al ministerio de Defensa para que por conducto de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta decisión, la dé a conocer a los asesores jurídicos operacionales de las unidades militares y a los jueces de instrucción y fiscales de la justicia castrense, para que al momento de avocar la competencia por presuntas conductas punibles de miembros activos de la fuerza pública que se susciten en el marco de una operación militar o procedimiento de Policía, apliquen los preceptos del artículo 3° de la Ley 1407 de 2010”.

También se le pide a este ministerio para que, en los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta decisión, “asistida por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH imparta capacitación presencial en sus instalaciones o guarnición, al personal militar del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena de Pitalito con no menos de dos (2) oficiales, cinco (5 ) suboficiales y veinte (20) soldados con una intensidad mínima de 4 horas, sobre el respeto a los derechos humanos y el DIH en el marco del conflicto armado con el objeto de incrementar la protección e integridad de la población civil, dando a conocer la presente decisión”.

Pero las órdenes no se quedan ahí, a título de medidas de satisfacción se ordenó que se publicara en un periódico de amplia circulación regional la parte resolutiva de la sentencia “y que se informe que la muerte del señor José Gregorio Cárcamo Vargas no ocurrió como consecuencia de un combate entre soldados del Ejército Nacional y un grupo delincuencial, sino que fue privado de arbitrariamente de su vida por integrantes del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’”.

Al comandante del Ejército Nacional o dela Novena Brigada, si así lo consideran las víctimas, en menos de un mes deben en la Plaza de Banderas de la Gobernación, con la presencia de medios de comunicación, defensor y procurador regional, ofrecer “disculpas a los demandantes a nombre del Estado colombiano”.

Pese a esta contundente sentencia decidida por los magistrados Jorge Alirio Cortes Soto, Enrique Dussán y Ramiro Aponte Pino, éste último magistrado salvó voto.

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La ‘Aclaración de voto’

Dice el magistrado Aponte Pino que, aunque comparte que “se deben adoptar medidas de reparación integral, estimo que bastaba ordenar que la providencia se difundiera en las diferentes unidades militares”.

Más adelante señala el magistrado Aponte Pino que discrepa de “capacitar en derechos humanos a un pequeño grupo de uniformados”, y agrega: “en primer lugar, porque esa carga se le asignó inconsultamente a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (entidades ajenas a la controversia). En segundo lugar, porque es un hecho notorio que en el Ejército Nacional se viene impartiendo esa capacitación a todos sus miembros y en jornadas superiores a las 4 horas impuestas”.

Más adelante señala que tampoco está de acuerdo en que las disculpas públicas se realicen en la Plaza de Banderas de la Gobernación, sino en el Batallón, pues “inconsultamente se le está imponiendo a la entidad territorial que asuma un gran esfuerzo logístico”.

¿Ese esfuerzo logístico y tal vez económico no lo puede asumir el Batallón en la Plaza de Banderas?

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