Protestan comisarios de familia del Huila

Los comisarios del Huila sentaron su voz de protesta.

Huila
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A través de un comunicado los comisarios de Familia del Departamento alzaron su voz de protesta frente a los entes territoriales y nacional que los tiene abandonados. Llamaron la atención sobre un proyecto de reforma de estas dependencias, con el fin de politizar los cargos y ubicarlos como competencia de los alcaldes. 

 Este es el comunicado de los comisarios: 

 

 

LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DEL HUILA EN EL TOTAL ABANDONO ESTATAL

 

Los Comisarios de Familia del  Departamento del Huila hacen un llamado “URGENTE” a la opinión pública y a los entes de control encargados de la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes  y la protección a la mujer en el marco de la violencia intrafamiliar y de género, para que hagan un control real a las administraciones municipales, para que se garantice su trabajo en condiciones dignas y para que dichas dependencias sean dotadas de los insumos necesarios para prestar un buen servicio. Las Comisarías de familia del Huila vienen de un abandono Estatal por años, esto no es nuevo; no cuentan con equipos interdisciplinarios completos, con asistentes, oficinas adecuadas y privadas; la realidad es que estas oficinas siempre han sido “el patito feo” de las administraciones y no se les reconoce la labor tan ardua y humana que realizan en el tejido social de cada Municipio, estos funcionarios enfrentan a diario diversos casos tristes y desgarradores, llevan toda la carga emocional de los conflictos familiares más complejos; aunado a ello, que muchas veces son objetos de amenazas, insultos e incluso golpes por partes de  algunos usuarios, pues los temas que se ventilan en dichas oficinas tocan las fibras más sensibles del ser humano y desatan diversas emociones.

Estos asuntos son atendidos en instalaciones indignas, pequeñas, en mal estado, sin privacidad, desconociendo los derechos fundamentales, en especial del derecho de las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, a su intimidad,  valoraciones que en la mayoría de los casos  deben realizarse a la vista de otras personas y los funcionarios tienen que iniciar una procesión por otras oficinas con las víctimas buscando algo de privacidad.  En esa labor, no existen garantías para los Comisarios,  están a la deriva,  son un barco sin timón a pesar de su importante labor, y aun así desde el Gobierno central exigen una atención permanente, pero  sin garantías de los derechos laborales de los funcionarios, sin que tengan si quiera un equipo de trabajo completo para atender las distintas problemáticas que deben abordar a diario; sin salas de audiencias que garanticen la virtualidad, sin equipos de grabación,  sin infrasestrucutrura adecuada, sin equipos de computo, impresoras y aires acondicionados; aun cuando es una  obligación legal de los municipios contratar el equipo completo de trabajo para estas dependdencias,  a la fecha en el Huila hay al menos 35 Comisarías de Familia en el Huila que carecen del recurso humano necesario para cumplir a cabalidad con las funciones y así mismo otras tienen a su cargo las funciones de Inspección de Policía, transito municipal, entre otras. Sumado, a que en los municipios de 6 (sexta), categoría, donde no hay presencia del ICBF, y no hay garantías laborales para la prestación del servicio de disponibilidad, durante los fines de semana y festivos.

Todos los años la Procuraduría General de la Nación y el ICBF envían circulares a los Alcaldes, insistiéndole en el cumplimiento, y la adecuación de estas oficinas para el cumplimiento de la misión institucional de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres víctimas de violencia y a la fecha se sigue presentando resistencia por parte de las Administraciones Municipales que frente a las necesidades de estas dependiencias, en la mayoria de las Alcaldías del Departamento se responde ante la problemática con la indiferencia y casi nula gestión y la pregunta es; ¿dónde queda la veeduría de los entes de control?, quienes al parecer no verifican realmente el cumplimento de sus solicitudes y tampoco velan por el fortalecimiento de las oficinas, todo se queda en el papel; mientras las cifras y el flagelo de las violencias intrafamiliares, feminicidios e inasistencias alimentarias, continúan en aumento en el país y los Comisarios deben asumir en su mayoría cargas laborales demasiado altas y algunos sin las herramientas mínimas de trabajo.

Así las cosas, y como si fuera poco, actualmente cursa en el Congreso de la República, un proyecto de ley, que busca reformar las Comisarías de familia, si bien, hace referencia al fortalecimiento de estas dependencias, también buscan es politizar el cargo, y que este cargo que actualmente está siendo ocupado por funcionarios en carrera administrativa como lo establece la normativa, quede nuevamente dependiendo directamente del Alcalde de turno y su sector político, afectando la estabilidad laboral y la transparencia de los procesos, contrariando no solo la ley, sino la jurisprudencia, pues como lo señala la Corte Constitucional en Sentencia C-406/97:

“a luz de las funciones de los comisarios de familia que estos funcionarios no desempeñan tareas de gobierno o dirección que ameriten que el respectivo cargo pueda ser considerado como de libre nombramiento y remoción. Los comisarios de familia son ejecutores de una serie de normas dirigidas a la protección del menor y la familia frente a cuyo diseño no tienen ninguna incidencia y, por ende, sus tareas no pueden ser calificadas como de dirección o gobierno. Entre los alcaldes municipales - en su calidad de nominadores - y los comisarios de familia no se presenta el grado superlativo de confianza objetiva o subjetiva que justifique que los cargos ocupados por los segundos sean de libre nombramiento y remoción.¨

Dicho debate legislativo ha dejado sin sabores para quienes ocupan estos cargos, puesto que no solo desconocen la premisa establecida por la Corte Constitucional, frente a la ocupación del cargo en carrera administrativa, sino que se han ventilado comentarios en los debates realizados en el Congreso, donde se desdibuja la verdadera y dificil labor del Comisario de Familia; señalando que se creen dueños de los cargos y que no desempeñan bien las funciones; y es nefasto lo señalado por la congresista ADRIANA MAGALY MATIZ VARGAS, quien desconoce desde su perspectiva, que los funcionarios laboran con las uñas y hacen hasta lo imposible para impartir jusiticia en los asuntos de infancia y familia; desde sus abandonadas oficinas y muchos son objeto de persecución y acoso laboral por parte de las administraciones de turno,  quienes se encargan de cerrar aún más la brecha de la garantía del buen funcionamiento de estas dependencias.

Con esto, la solución de fondo del Estado frente a la problemática de las Comisarías, es  trasformar el cargo en otro fortín político, es decir una justicia de bolsillo,  acabar con el mérito y la poca dignidad de estos cargos, y es por los miles de motivos, que se realiza este llamado que hace esta institución moribunda y de vital importancia para el Departamento,  que imparte justicia a diario y son la primera puerta de acceso a ella donde es el primer garante del eje central de la sociedad que es la Familia;  para que  el Señor Gobernador a través de la Oficina de la mujer y asuntos sociales, los entes de control y los Alcaldes Municipales por fin manifiesten el interés y la importancia de este vital servicio y realicen un diagnostico real de las Comisarías de familia del Huila y actuen como corresponda en pro de los derechos de la víctimas y la niñez, conforme lo ordena la Constitución Política de 1991y el Código de Infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006.

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